Algunas consideraciones sobre las leyes de libertad y censura

“La palabra es para decir la verdad, no para encubrirla” José Martí

Algunas consideraciones sobre leyes,  deberes y derechos en Chile con respecto a las censuras y libertades


Según la Real Académica Española (a la que lamentablemente debemos recurrir), la censura es el examen y aprobación (o negación) por parte del censor gubernativo de los escritos antes de darse a la imprenta.

.La censura es el ejercicio por parte directa del estado o sus delegaciones en alguna organización o grupo de tipo religioso, político, militar para controlar las libertades: libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de consciencia.

Criminaliza la comunicación “opositora”, ya que prohíbe producir, imprimir, difundir cierta información. Se lleva a cabo con el fin de mantener el status quo ideológico y político, controlar el desarrollo de una sociedad o suprimir la disconformidad de un pueblo sometido. La censura es una contraposición en todas sus formas al artículo número 19 de la Declaración Universal de los Derechos humanos que señala: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye en no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

Esta contraposición podría servir a la hora del defender el porqué los monopolios mediáticos (en Chile “duopolio” Edwards- Copesa) son una forma de censura.

Escenario histórico político sobre libertades y censuras

En chile una de las primeras acciones del Reglamento constitucional Provisorio de 1812 fue dictar penas por escribir, publicar o retener escritos antigubernamentales o que denigraran a ciudadanos comunes En su Artículo. 23 señala: “ La imprenta gozará de una libertad legal; y para que ésta no degenere en licencia nociva a la religión, costumbres y honor de los ciudadanos y del país, se prescribirán reglas por el Gobierno y Senado”-

Las principales restricciones de libertad de expresión surgieron con la Ley de Defensa Permantente de la Democracia con el gobierno de Gabriel González Videla (1948), más conocida como la Ley Maldita que otorgaba amplias atribuciones al poder ejecutivo para reprimir críticas o disidencias a sus formas y procedimientos y aunque la mayoría se manifestó en contra se mantuvo durante más de diez años.

Posteriormente se creó la Ley de Seguridad del Estado, que mantuvo casi las mismas restricciones a la libertad de expresión que la ley anterior y creó, además, el delito de desacato (ley fue modificada y utilizada entre 1973 y 1989 para sancionar las acciones en contra de la libertad civil y política), pero tras la llegada de la democracia continuó aplicándose.

Actualmente, la Ley N°19.733, pese a que se le considerara como el fin de las restricciones en expresión y opinión, continúa siendo letra muerta en algunos ámbitos, generando situaciones que ya pen-sábamos superadas.

En la actualidad existen Leyes que regulan el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo, y las excepciones a la publicidad de la información como lo es la Ley nº 20 285 (sobre el acceso a la información pública) que explicita en el Artículo 21: “ Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información (es decir censurar) cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente:

a) Si es en desmedro de la prevención, investigación y persecución de un crimen o simple delito o se trate de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales.

b) Tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas.

c) Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.

2. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública.

4. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país.

Sean quizás la creación (y modificación) de éstas leyes unas muy útiles herramientas para los sectores empresariales, políticos, económicos que nos permiten comprender la actual lógica de los medios tradicionales de comunicación que abordan a través de la simulación y disimulación de datos la situación de los pueblos originarios, especialmente en la Araucanía como el “conflicto Mapuche” que hace alusión a un conflicto interno y no un conflicto del Estado chileno contra el Pueblo Mapuche.

Si bien existe también una libertad de prensa que es la existencia de garantías con las que los ciudadanos tengan el derecho de organizarse para la edición de medios de comunicación cuyos contenidos no estén controlados por los poderes del Estado, éstas supuestas libertades están estructuralmente (y estratégicamente) creadas para que sean en un principio contradictorias, ejemplo de esto: La constitución chilena asegura a todas las personas “la libertad de emitir opinión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio” sin embargo establece en seguida que será “sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades en conformidad de la ley”.

Es decir, explicita inmediatamente un castigo a la prensa que recurra a supuestos “delitos y abusos” al traspasar dichos límites que la misma Constitución señala.

Según Alejandra Matus (periodista, autora de “El libro negro de la justicia Chilena y requisado 24 horas después de su lanzamiento por orden del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago en 199) el tema de la censura en Chile es un reflejo o consecuencia de ciertas formas de vida y relaciones sociales muy arraigadas en el país “fomentadas por la dictadura, pero no exclusivamente originadas durante ella, y que con el devenir de la democracia no han sido siquiera abordadas como país”.

Sobre ésto y muchos otros solo queda reflexionar si las leyes en Chile  respetan nuestros Derechos Humanos, si nosotros mismos queremos que sean respetados, y qué hacemos para respetar así mismo el derecho de otros.

¿Sea quizas posible que  en nuestro entendimiento y representaciones de mundo estamos respondiendo a lógicas contradictorias de dominación e imposición, una corta historia de 200 años  de un país escrito con sangre y sufrimiento de todo un Pueblo originario?

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