Investigan muerte de joven por torturas en San Fernando

Investigan muerte de joven por torturas en San Fernando. Denuncian brutal asesinato tras torturas y violaciones sodomíticas. Madre de joven reo interpuso querella contra gendarmería por apremios ilegítimos, golpes de puño y pies y vejámenes de orden sexual que incluyen violación sodomítica y que habrían sido la causa de su deceso, cuando aún no cumplía veinte años.

La aplicación de tormentos y torturas a los detenidos está expresamente prohibida por tratados internacionales suscritos por Chile y el rechazo a esta práctica forma parte del proceso de reencuentro nacional una vez recuperada la democracia y que se concretó en el Informe Valech.
Sin embargo, lamentablemente, dicha práctica todavía tiene vigencia en maltratos denunciados esta vez por la madre de Luis Gerardo Romero Jara, quien -según su denuncia- recibió torturas de personal de Gendarmería en la Cárcel de San Fernando, que le habrían provocado la muerte.
El joven estuvo detenido entre el 31 de agosto de 2005 y el 28 de marzo de 2006. Falleció en febrero de 2007 a causa de las lesiones de las cuales no se recupero y, cuando aún no cumplía veinte años.
Es precisamente son las cárceles donde más desprotegidos se encontrarían los detenidos pues son muy pocos lo que les preocupa qué pasa con los detenidos, si son castigados o no, no hay mecanismo de control y a muchos abogados se les impide el acceso de visita a un cliente, mediante cualquier pretexto emanado de la superioridad, todo amparado en la seguridad de la población penal. Ello da una libertad desmedida a los funcionarios para cometer actos que van contra los derechos humanos de los internos, como es este caso que -según la querella presentada en tribunales- murió producto de la brutal paliza que sufrió al interior de la cárcel.
La madre del joven Luis Gerardo Romero Jara peregrinó por varios servicios públicos pidiendo ayuda para salvar la vida de su hijo. Seis gendarmes -indicó María Jara Farías-, le preparan ‘la bienvenida’ a la unidad, por lo que fue brutalmente golpeado con golpes de puño y pies, apremios, violencia innecesaria y vejámenes de orden sexual como abuso y violación sodomítica.
“Mi hijo sufrió mucho. Cuando fui a verlo estaba lleno de hematomas y le costaba moverse. En todos los servicios denuncié este hecho, pero nadie me creyó. Le pedimos que mi hijo sea cambiado de unidad, pero no se nos hizo caso. A él lo golpearon mucho, y los gendarmes se rieron en mi cara cuando les fui a decir que los denunciaría. Ellos me echaron de la unidad y me dijeron: ‘Hace lo que querái, veremos quién gana'”, sostiene.
La mujer añade que “ellos casi matan a mi hijo producto de los golpes”. Al consultarle del porqué detienen a su hijo, indica que “fue una pelea de curados. Mi hijo y un grupo de amigos estaban medio curados, y se enfrentan y esta persona que iba era un gendarme y cuando huye denuncia el hecho a Carabineros indicando que fue un asalto, y ahí comienza nuestro calvario. Mi hijo es detenido y llevado a la misma cárcel donde trabajaba el gendarme”.
“No tenían porqué pegarle tanto”, dice y cuenta que su hijo, producto de esta golpiza, muere en febrero de 2007. “Cuando salió de la cárcel tenía que usar pañales porque no podía contener, le dañaron el colon con la introducción de bastones y la violación reiterada. Ni los animales son capaces de hacer tanto daño, y hoy por la memoria de mi hijo quiero justicia”, enfatiza.
La mujer subraya que “espero que ahora que mi hijo ya murió estos asesinos paguen por lo que hicieron. Mi hijo no tenía antecedentes. Estudiaba de noche y trabajaba -comenta la afligida mujer entre sollozos- no me escucharon, me arrodillé ante un fiscal para pedir que hiciera algo, pero no hizo nada. Nadie me creyó”, reclama muy angustiada María Jara Farías.

Lo Torturaron en Democracia

En tanto el abogado patrocinador de la querella, Saturnino Muñoz Briceño, indica que el tribunal acogió a tramitación la querella el día 25 de mayo y “por el alevoso crimen contra una persona indefensa por parte de agentes del estado estamos pidiendo cuarenta años de reclusión. Ello se configura -indica el abogado- porque se cometieron delitos de lesiones gravísimas, apremios ilegítimos, violencia innecesaria, torturas, abuso sexual reiterado y violación sodomítica”.
La víctima de este delito puede ser calificado -señala el abogado- como “torturado en democracia, sus tácticas recuerdan claramente actividades ilícitas de regímenes totalitarios y técnicas propias del desaparecimiento de personas, con el agravante que estas se han cometido en democracia”. El abogado indica que existen certificados que señalan que al ingresar a la cárcel no presentaba lesión alguna, y sin embargo después presentaba lesiones internas certificadas mediante examen médico y clínico.
El querellante afirma que luego de la paliza y las torturas se dan cuenta de que se les pasó la mano, el detenido no reacciona y es sacado de la unidad y trasladado hasta el Hospital de San Fernando, lugar donde “con la complicidad de la funcionaria es ingresado como N.N. Este elemento de clandestinidad delata el accionar de Gendarmería”, señala categórico el abogado Muñoz.
Las múltiples golpizas le produjeron hematomas y hematuria (orinar sangre), además de afectarle el oído interno medio, lo que lo dejo con secuelas de pérdida de sentido del equilibrio.
En tanto los abusos sexuales y violación sodomítica, que consistieron en golpes en la zona genital e introducción de bastones en el ano, le deformaron el colon y provocaron una fecalota (acumulación de excrementos sin poder evacuar) que a la postre le hizo fallecer. El abogado indica que “todas las instituciones fallaron miserablemente”.
Muñoz Briceño agrega que Luis Romero Jara estuvo detenido desde el 31 de agosto de 2005 al 28 de marzo de 2006, época en que aún siendo condenado por el tribunal oral en lo penal de San Fernando queda en libertad, vale decir -indica el abogado- “el proceso resultó ser más gravoso que la sentencia misma”.

Los Gendarmes Mandan Más Que el Juez

Otro hecho oscuro en el proceso -indica el abogado- es que el imputado preso alegó desde el primer momento malos tratos por parte de Gendarmería. Es por ello que el tribunal respectivo de garantía de San Fernando decretó su traslado a otra unidad el día 2 de septiembre de 2005, pero los gendarmes hicieron caso omiso a esta resolución de un tribunal y materialmente el traslado solo se realizó a fines del mes respectivo.
“¿Con qué objeto? Era para que llegara lo más sano posible a la otra unidad. El trasladó se dilató para minimizar las evidencias externas de las palizas y vejámenes y es por ello que vale la pena preguntarse: ¿quién manda, el tribunal o Gendarmería?”, recalca el querellante.
“Ante un tribunal vamos a aportar las pruebas contra los gendarmes individualizados y a ellos como responsables directos les solicitamos cuarenta años de presidio, y luego estudiaremos acciones a seguir contra algunas instituciones del estado que fueron cómplices de este delito”, sentenció finalmente el abogado querellante Saturnino Muñoz Briceño.

A. Caroca

Desde “Cárceles en Chile”

 

 

 

Deja un comentario

Archivado bajo Estado de $hiLe

Los comentarios están cerrados.